Una nueva
ley obligará a médicos y banqueros a delatar a los indocumentados
Varias
personas esperan el autobús en Londres. / LUKE MACGREGOR (REUTERS)
Acosado
desde la derecha por el antieuropeo UKIP,
agotadas las fórmulas para reducir aún más la llegada de inmigrantes de países
terceros y atado de pies y manos por la legislación europea que le dificulta
restringir el acceso de trabajadores comunitarios, el Gobiernobritánico ha
optado por la vía fácil: acosar como nunca antes a los sin papeles a través de
una nueva Ley de Inmigración.
No se
trata tanto de reducir el número de inmigrantes como de transmitir la imagen de
que está combatiendo la inmigración. Por
eso, la responsable de Interior, Theresa May, antigua paloma reconvertida en el
halcón más feroz de Westminster, proclama que el objetivo de la ley es “crear
un entorno realmente hostil para los inmigrantes ilegales”. “No queremos que la
gente que viene aquí se quede más tiempo del que debe porque sean capaces de acceder
a lo que necesitan”, sostiene.
Toda una
declaración de guerra a los sin papeles. Y, para ganarla, ha decidido
crear un ejército de delatores a la fuerza, formado por médicos, caseros,
banqueros y hasta sacerdotes, a los que la nueva ley convierte en colaboradores
necesarios de esa política de hostilidad hacia los indocumentados, a los que se
quiere dificultar todavía más su acceso a la vivienda, a la atención médica, a
una cuenta corriente, a un matrimonio con el que legalizar su situación.
Todo muy bonito
para algunos, pero ¿eficaz? La realidad es que es muy poco habitual que un sin
papeles decida marcharse por difícil que sea su vida en Reino Unido, porque
peor es la que dejó atrás. Las organizaciones humanitarias creen que, con esa
ley, los sin papeles tendrán que pagar más por una habitación insalubre;
tardarán más en recibir atención médica y sus enfermedades serán más graves y
costosas de remediar; tendrán que pagar un sobrecosto por las dificultades
cotidianas de no tener una cuenta bancaria; se verán obligados a aceptar
cualquier trabajo por menos dinero. Pero no se irán.
La
propuesta, que la semana pasada superó la segunda lectura en los Comunes y va a
entrar en la fase de enmiendas, tiene el apoyo genérico de los laboristas,
aunque quieren proponer modificaciones concretas a lo largo de la tramitación
parlamentaria.
El
objetivo del Gobierno es doble: hacer la vida más difícil a los sin
papeles para forzar su marcha y, al mismo tiempo, facilitar la deportación
de aquellos que hayan sido detenidos. Para eso, May propone reducir de 17 a tan solo cuatro los
supuestos de apelación contra una orden de deportación. Y, sobre todo,
introducir una política de “deportar primero, apelar después” siempre y cuando
la persona afectada “no corra el riesgo de recibir un daño irreversible” por el
hecho de ser devuelto a su país de origen.
Para
crear el “entorno realmente hostil”, los caseros han de asegurarse de que sus
inquilinos residen legalmente; los bancos han de consultar una base de datos
para confirmar que un nuevo cliente no es un inmigrante perseguido; la oficina
responsable de los carnés de conducir recibirá nuevos poderes para consultar el
estatus de quienes piden un permiso y para revocarlo a quienes estén en el país
más tiempo del permitido; la
Iglesia deberá informar a Interior cuando ciudadanos de fuera
de la UE quieran
casarse y es el ministerio quien decidirá si pueden contraer matrimonio. El
Ministerio de Sanidad quiere que los inmigrantes con permisos para estancias
cortas, como los estudiantes, paguen una contribución inicial, quizás en torno
a 200 libras
(235 euros) para acceder a la sanidad pública.
Mucha
gente cree que el Ministerio del Interior está así pasando a otros el trabajo
que no es capaz de hacer por sí mismo. Pero a los afectados les preocupan
también otras cosas. Ian Fletcher, director de Estrategias de la Federación Británica
de Propietarios de Viviendas, subraya que “solo la UE reconoce 404 maneras
legítimas de identificación personal, y eso no incluye al resto del mundo”.
“¿Cómo puede un casero saber que alguien de la República de Chipre
puede entrar libremente en Reino Unido pero alguien del norte de Chipre
necesita un visado? ¿Van a saber que un búlgaro tiene derecho a residir en
Reino Unido pero alguien de Estados Unidos, no? ¿O cómo pueden saber las normas
que determinan si el cónyuge tiene derecho a quedarse o no?”, se pregunta.
“Pero,
aunque esas propuestas funcionaran, hay otras cuestiones. Supongamos que un
casero tiene frente a sí a un inmigrante ilegal, ¿qué tiene que hacer?
¿Enfrentarse a él o irse a hurtadillas y avisar a las autoridades? Algunas
caseras son viudas jubiladas. ¿Ante qué peligros las estamos poniendo? ¿Va todo
esto a incrementar la discriminación? ¿Acaso no va esta ley a empujar a mucha
más gente a esconderse bajo tierra y caer en manos de criminales dispuestos a
alojarles en condiciones sórdidas?”, advierte Fletcher.
Muchos
médicos se oponen a tener que averiguar si un inmigrante ha de pagar o no antes
de acceder a la atención primaria. Para Médicos del Mundo UK “no hay
justificaciones éticas ni económicas en el proyecto de cargar a quienes tienen
necesidad de atención médica y no pueden pagar 200 libras u otro
coste”. “Eso incluye a grupos de gente vulnerable como los inmigrantes
indocumentados (que no tienen acceso a ayudas públicas), a víctimas del tráfico
de personas (en general, mujeres y niños), gente a la que le ha caducado el
visado o esclavos domésticos”, denuncian.
Y
advierten también que “no sería legal exigir solo a unos residentes que
presenten pruebas de que tienen derecho a ser atendidos” y que, a la larga,
negar la atención primaria a esas personas es también antieconómico porque
pueden contagiar posibles infecciones que no pueden ser tratadas hasta que
alcanzan la gravedad suficiente como para ser atendidos en urgencias.
A juicio
de Maurice Wren, director del Consejo de Refugiados, esas propuestas van a
agravar la situación de demandantes de asilo y refugiados que tienen derecho a
la atención primaria pero muchas veces se les niega porque no tienen la
documentación que les exigen algunos centros médicos para demostrar su
identidad o su residencia.
Interrogantes
similares plantean las propuestas para controlar y aprobar los matrimonios. El
Home Office extiende ahora a todo tipo de bodas un control que antes exigía a
las parejas de hecho y que fue declarado ilegal precisamente porque era
discriminatorio al afectar solo a una parte de la población. La Iglesia de Inglaterra
comprende que el Gobierno introduzca controles para acabar con el problema de
los matrimonios falsos “pero le hemos dejado claro al Home Office que aunque
los clérigos pueden verificar la nacionalidad de la gente pidiendo su pasaporte,
como ya se hace desde 2011, lo que no pueden es chequear su estatus como
inmigrantes”.
EL BLOG OPINA
Los gobernantes
ingleses tan “comedidos” y “demócratas” hacen de la delación una obligación ciudadana, al más
puro estilo nazi…
