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| Cobardes funcionarios atacando a una mujer indefensa |
mayo 4,
2015 3:00 pm
Publicado
en: Actualidad, Nacionales
Al menos
diez estrategias utilizaron los órganos del Poder Público venezolano para
deliberadamente ocultar evidencias de tratos crueles o tortura, así como para
evitar que las mismas fuesen denunciadas oportunamente, durante las detenciones
ocurridas en el marco de las protestas antigubernamentales de 2014.
Así lo
señala el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica
Andrés Bello (CDH-UCAB) en un nuevo informe titulado “Que no quede rastro”, el
cual documenta la vulneración del derecho a la integridad física durante las
manifestaciones y aprehensiones que tuvieron lugar el año pasado, cuando se
registraron al menos 854 heridos y lesionados.
Estas
estrategias utilizadas por el Estado venezolano incluyeron: la incomunicación
de detenidos, el traslado de lesionados a instituciones y hospitales militares,
presiones a víctimas, el uso de la Defensa Pública para evitar denuncias, omisiones
por parte de jueces durante las audiencias de presentación, la transformación
de víctimas en victimarios, la confusión entre examen médico forense y el
reconocimiento médico en el lugar de detención, la sustracción y desaparición
de evidencias de malos tratos y tortura, y presiones a médicos.
El
CDH-UCAB concluye que fue “evidente la dificultad para presentar quejas por
malos tratos o torturas y a la realización oportuna del examen médico”,
violando el Conjunto de Principios para la protección de personas sometidas
prisión de Naciones Unidas y el Protocolo de Estambul.
“Este
tipo de conductas por parte de los funcionarios aprehensores se tornaron
reiteradas, al punto de llegar a poner en peligro la vida de algunos de los
jóvenes que habían sido detenidos, dado que, al impedir el acceso a ellos y a
tener conocimiento sobre las condiciones físicas en las cuales se encontraban,
se vio agravado el cuadro y el estado de salud de los mismos, poniendo en
riesgo sus vidas”, advierte el informe del CDH-UCAB.
Entre las
irregularidades presentadas durante las detenciones, el documento también
señala diversos casos en los que las víctimas presentaban heridas de gravedad,
y que fueron trasladadas por las autoridades a instituciones médicas de
carácter militar, violando las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los
Reclusos de Naciones Unidas.
Asimismo,
el Centro de Derechos Humanos registra testimonios según los cuales
funcionarios amenazaron a las víctimas con hacerles más daño o simplemente no
prestarles la ayuda médica requerida si no se abstenían de declarar la verdad
sobre lo acontecido.
Del mismo
modo, el CDH-UCAB apunta que se observó “una fuerte insistencia en que los
jóvenes aceptaran la representación de defensores públicos designados por el
Estado”, cuyo comportamiento “pareció estar orientado a evitar que se dejara
constancia de las lesiones en las audiencias de presentación”.
El
informe destaca la actuación irregular por parte de jueces al momento de las
audiencias, cuando en ocasiones los detenidos fueron presentados para declarar
aún heridos y sin importar su condición de salud. “Varios de ellos se
encontraban aún bajo el efecto de los medicamentos o éstos les fueron
suspendidos para el traslado a tribunales. Incluso algunos fueron sometidos a
audiencia en el mismo hospital, debido a la gravedad de su estado”, asegura el
CDH-UCAB.
Finalmente,
el Centro de Derechos Humanos denuncia que en varias oportunidades, al momento
de atender casos de personas heridas en manifestaciones, funcionarios de los
cuerpos policiales y militares solicitaban a los médicos la entrega de los
objetos que constituían evidencia de las lesiones sufridas por las víctimas.
