MARIO VARGAS LLOSA 17 NOV 2013 - 00:00 CET El País - Madrid
Como el desabastecimiento y la carestía estaban haciendo
estragos en Venezuela y aumentando el descontento popular, el presidente
Nicolás Maduro, que no sabrá mucho de economía pero es hombre de pelo en pecho
y bravuconerías, decidió resolver el problema
en un dos por tres. Explicó a su pueblo que la alta inflación que padece el
país (57%, la más alta de América Latina) es producto de una conjura maquinada
por los Estados Unidos, los empresarios y comerciantes acaparadores y los
partidos de oposición para destruir la revolución bolivariana o “el socialismo
del siglo XXI”. Y, de un plumazo, ordenó bajar los precios de los alimentos y
productos electrodomésticos en 50 y hasta 70%, a la vez que mandaba soldados y
cuerpos de choque a ocupar los establecimientos comerciales y enviaba a la
cárcel a buen número de “conspiradores”, es decir, los dueños de tiendas y
almacenes.
La campaña fue lanzada por el presidente Maduro con la consigna
de: “¡Vacíen los anaqueles!”. La orden fue entendida por buen número de despistados
como una carta blanca para el saqueo y, sobre todo en Valencia, pero también en
Caracas y otras ciudades, se produjeron asaltos y pillajes en medio de una
soberbia confusión. Era patético escuchar a las sufridas amas de casa
venezolanas, explicando a los reporteros de la televisión oficial lo felices
que estaban con esas espectaculares rebajas que les permitirían, en adelante,
renovar sus neveras y cocinas y asegurar dos comidas diarias para la familia.
Al mismo tiempo que derrotaba la inflación de un puñetazo en la
mesa, es decir, subastando y confiscando cadenas de productos alimenticios y
electrodomésticos, el presidente Maduro, mediante
la aprobación de la
Ley Habilitante , se aseguraba los poderes absolutos que
durante un año le permitirán gobernar sin leyes, de la manera cómoda y
expeditiva de los dictadores. Para conseguir este atributo, la Asamblea Nacional
Venezolana procedió a retirarle la inmunidad a una diputada de la oposición,
María Mercedes Aranguren, y a reemplazarla por su suplente, el diputado Carlos
Flores, quien, de la noche a la mañana (y mediante generosas prebendas) se
volvió chavista y votó a favor de la ley de marras.
Las rebajas
impuestas en Venezuela acelerarán el desabastecimiento y el mercado negro
crecerá
En suma, pasada la ilusión que estas operaciones han creado en
una opinión pública desesperada por la corrupción, el empobrecimiento y la
anarquía creciente que vive Venezuela, el
precio que el país tendrá que pagar por la demagogia irresponsable de estos
días será muy alto. Sin duda, contrariamente a los cálculos del Gobierno, se
traducirá en una nueva y más aplastante derrota del Gobierno en las próximas
elecciones del 8 de diciembre, lo que obligará a aquél, al igual que en las
presidenciales, a un nuevo fraude monumental a fin de mantenerse en el poder
pese a su descrédito y a la ruina a la que precipita cada día más a su
desdichado país.
Venezuela nunca tuvo una agricultura floreciente, a la altura de
las enormes posibilidades agrícolas con que cuenta; pero con el chavismo, sus
expropiaciones e invasiones, las tomas arbitrarias de fincas y la asfixiante
burocratización imperante, la producción agraria en ciertas regiones se redujo
a mínimos y en otras simplemente desapareció. El resultado de todo ello es que
el país debe importar casi el 95% de lo que consume, algo que en la época del
apogeo del petróleo, apenas se advertía. Pero el control revolucionario
implantado por Chávez y Maduro en la industria ha rebajado la producción
petrolera venezolana de manera radical, a la vez que la política de control de
divisas, una de las fuentes más prósperas de la corrupción, ha convertido la
obtención de dólares para los comerciantes y empresarios que necesitan importar
materias primas y productos del extranjero en una verdadera pesadilla. Sólo los
enchufados en el Gobierno consiguen divisas, o los que están dispuestos a pagar
por ellas comisiones millonarias. Los otros deben obtener las divisas en el
mercado negro, donde el dólar vale diez veces el precio oficial.
Esa es la explicación de la subida desmedida de los precios y
del desabastecimiento generalizado. Las valientes rebajas impuestas manu militari por
Maduro sólo servirán para acelerar el desabastecimiento generalizado —los anaqueles se quedarán vacíos, en efecto—, y el mercado negro,
que crecerá de manera elefantiásica, estará sólo al alcance de los
privilegiados, es decir, los favorecidos por el régimen o por la vertiginosa
corrupción generada por la política intervencionista en la economía. En otras
palabras, la política del socialismo chavista habrá contribuido a agravar las
diferencias económicas y sociales que se proponía abolir.
Mientras tanto,
el Partido Comunista chino decide ampliar los mercados libres ya existentes
Al mismo tiempo que ocurrían estas cosas en Venezuela, en Pekín,
el Comité Central del Partido Comunista Chino, anunciaba una nueva política
económica, ampliando los mercados libres ya existentes para asegurar una mejor
distribución de los recursos y permitir una participación de empresas privadas,
tanto chinas como extranjeras, en las industrias de Estado. (Advertía también,
eso sí, que esta apertura económica no tendría su correspondencia política,
pues el Partido Comunista seguirá siendo el árbitro supremo de la vida social).
Es improbable que el Partido Comunista chino adopte estas medidas de inequívoco
sesgo capitalista por una conversión ideológica y que las emprenda con
felicidad. No, se resigna a ellas porque, fiel al pragmatismo tradicional de su
cultura, ha comprendido que el colectivismo y el estatismo económico llevan a
la ruina a los países y, además de empobrecerlos y atrasarlos, multiplican las
injusticias sociales, creando una distancia creciente entre los funcionarios
privilegiados de la nomenclatura, y los ciudadanos comunes y corrientes que,
además de padecer la inseguridad y el temor, viven haciendo colas, ganando
salarios miserables y sin la menor igualdad de oportunidades. Estas verdades
elementales, que ya llegaron a la Unión Soviética antes de su desplome, y que
empiezan a apuntar, aunque muy tímidamente todavía, en Cuba, parecen fuera del
alcance intelectual y del olfato político del presidente Maduro y sus asesores
económicos.
No es difícil prever, por eso, lo que depara el futuro inmediato
a Venezuela, un país que dada su cuantiosa abundancia de recursos debía tener
los más altos niveles de vida de América Latina. En vista de que el desabastecimiento y la carestía —que
obedecen a leyes económicas y no a ucases políticos— se agravarán, el siguiente
paso del régimen será proceder a la estatización progresiva de las tiendas y
comercios que “conspiran” contra la revolución, especulando y hambreando al
pueblo. Los pequeños espacios de economía privada se irán cerrando hasta
desaparecer y caer en manos de una burocracia inepta y corrompida, de modo que
la racionalización de los productos de la canasta familiar, que en buena parte
ya existe, se irá extendiendo como una hidra por todos los resquicios de la
economía hasta hacer de Venezuela un país tan estatizado como Cuba o Corea del
Norte. Corolario inevitable de esta hegemonía estatal: la desaparición de los
escasos medios de comunicación independientes que a costa de enormes
sacrificios y valentía resisten todavía el acoso gubernamental.
¿Habrá valido la pena todo lo que ha significado en ilusiones, esfuerzos
y violencias la revolución chavista? Es verdad que la democracia que ella trajo
era ineficiente, derrochadora, demagógica y bastante insensible a los grandes
problemas sociales. Y había generado por eso un gran descontento en un pueblo
que ingenuamente vio —una vez más en la desgraciada historia de América Latina—
en un caudillo carismático y lenguaraz a su salvador. El resultado está a la
vista: una Venezuela empobrecida, enconada, devastada por la demagogia y la
corrupción, llena de nuevos ricos mal habidos, que, una vez que recupere la
libertad y la sensatez, tardará muchos años en recuperar todo lo que perdió con
el desplome de su democracia.
